Ley de Segunda Oportunidad y concurso de persona física (empresaria y no empresaria)

Cuando las deudas superan la capacidad real de pago de un particular o de un autónomo, la ley ofrece un mecanismo judicial para reordenar el pasivo o lograr la cancelación definitiva de las deudas impagadas mediante la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). El procedimiento varía sustancialmente según si el deudor ejerce una actividad económica (autónomo o profesional) o si es un consumidor particular. En González de Domínguez Abogados asesoramos a autónomos y particulares de Coín, Málaga y la Costa del Sol en todo el proceso, con el criterio técnico de una abogada que es administradora concursal y experta concursal.

Libro «Segunda oportunidad de las personas físicas», guía práctica adaptada a la reforma de la Ley Concursal por la Ley 16/2022

La Ley de Segunda Oportunidad no es un trámite automático ni un borrado indiscriminado de pasivos: exige acreditar rigurosamente la buena fe, analizar la naturaleza de cada crédito conforme al Libro Primero y Segundo de la Ley Concursal, y elegir entre la liquidación patrimonial o la sujeción a un plan de pagos para conservar la vivienda habitual.

A quién ayudamos

  • Autónomos y profesionales que arrastran deudas derivadas de un negocio fallido o una caída de ingresos y necesitan reestructurar su situación o empezar de cero.
  • Administradores de sociedades que avalaron personalmente pólizas, líneas de descuento o préstamos corporativos y responden ahora con su patrimonio personal.
  • Particulares no empresarios atrapados en una espiral de préstamos al consumo, tarjetas revolving o coavales familiares que no pueden atender.
  • Deudores con activos o vivienda habitual que buscan proteger su patrimonio mediante un plan de pagos judicialmente aprobado sin necesidad de liquidarlo todo.

En qué situaciones tiene sentido

  • Los ingresos mensuales son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y las cuotas periódicas de los créditos.
  • Existen embargos activos sobre nóminas, cuentas bancarias, vehículos o inmuebles, o reclamaciones judiciales en marcha.
  • Un autónomo ha cerrado su negocio o continúa con su actividad, pero acumula deudas vencidas con proveedores, entidades financieras, la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Se asumieron garantías personales en favor de una sociedad mercantil que ha entrado en insolvencia.
  • Se pretende conservar la vivienda habitual reestructurando una parte de la deuda en un plan de pagos a tres o cinco años.

Qué puede incluir el encargo

  • Análisis previo de viabilidad y buena fe revisión de antecedentes, origen del endeudamiento, inexistencia de condenas por delitos socioeconómicos y cumplimiento estricto de los presupuestos subjetivos de la exoneración (artículo 487 del TRLC).
  • Calificación del perfil del deudor determinación del cauce procesal aplicable, diferenciando entre el concurso de persona física no empresaria y el procedimiento especial para microempresas (Libro Tercero del TRLC) en el caso de autónomos.
  • Estrategia de exoneración diseño de la vía más favorable entre la liquidación de la masa activa (incluyendo la tramitación de concurso sin masa) o la aprobación de un plan de pagos (artículos 495 y siguientes).
  • Inventario de bienes y pasivos recopilación documental, depuración de créditos ordinarios, subordinados y con privilegio especial, y separación técnica de las deudas exonerables y no exonerables.
  • Dirección letrada completa redacción y presentación de la solicitud ante los juzgados competentes, interlocución con la administración concursal y tramitación del auto definitivo de EPI.

De qué depende el alcance

  • La condición del deudor: si actúa como consumidor particular o como empresario persona física / autónomo.
  • La composición patrimonial: presencia o ausencia de bienes realizables, inmuebles o vehículos.
  • La voluntad de retener activos: la formulación de un plan de pagos para conservar la vivienda habitual exige un análisis financiero detallado de flujos futuros.
  • La estructura del pasivo: existencia de hipotecas, créditos con garantía real o deudas de derecho público.
  • La complejidad documental para acreditar el historial crediticio y los acreedores afectados.

Tras estudiar la documentación inicial y verificar que concurren los requisitos legales, emitimos un presupuesto cerrado y adaptado a cada caso.

Cómo trabajamos

  1. Toma de contacto y filtrado de requisitos Nos expone su situación económica y familiar para comprobar el cumplimiento de los presupuestos de buena fe exigidos legalmente.
  2. Auditoría documental y estrategia Analizamos contratos, deudas, ingresos y patrimonio para fijar la vía idónea: concurso sin masa, liquidación o plan de pagos.
  3. Presupuesto y hoja de encargo Le remitimos por escrito el presupuesto detallado y la relación de documentos necesarios.
  4. Presentación y seguimiento judicial Redactamos y presentamos la solicitud en el juzgado mercantil, acompañándole en cada fase hasta la obtención del auto de exoneración.

Quién lleva su asunto

Sara González Domínguez

Su procedimiento lo dirige directamente Sara González Domínguez, abogada colegiada en el Colegio de la Abogacía de Málaga (n.º 8502), administradora concursal y experta concursal, siempre respaldada por el resto del equipo del despacho. Ejercer como administradora concursal permite anticipar con rigor los criterios de calificación de los juzgados y blindar la solicitud de exoneración frente a posibles oposiciones.

Si sus deudas provienen de una sociedad mercantil que permanece abierta o requiere su clausura, coordinamos este proceso con nuestros servicios de concurso de acreedores y reestructuración de deuda para empresas o liquidación y cierre de sociedades.

Ejemplo ilustrativo: un autónomo del sector de transporte en el Valle del Guadalhorce, tras cesar su actividad, acumula 120.000 euros en préstamos de circulante avalados personalmente y deudas con proveedores. Tras verificar la ausencia de bienes liquidables y su condición de buena fe, se tramita un concurso sin masa y se obtiene la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho, extinguiendo íntegramente las deudas exonerables.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre el concurso de un particular y el de un autónomo?

Ambos comparten el objetivo de alcanzar la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), pero difieren en el cauce procesal. El particular no empresario se tramita por el concurso general (o sin masa). El autónomo, si reúne los requisitos de microempresa (menos de diez trabajadores y volumen de negocio inferior a 700.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros, conforme al artículo 685 del TRLC), se rige por el procedimiento especial del Libro Tercero de la ley.

¿Se cancelan todas las deudas con la Ley de Segunda Oportunidad?

No todas. El artículo 489 del Texto Refundido de la Ley Concursal detalla las excepciones. Quedan excluidas de la exoneración las deudas por responsabilidad civil extracontractual, muerte o daños personales, las deudas por alimentos, las sanciones penales y multas administrativas muy graves, las deudas salariales de los últimos sesenta días dentro de ciertos límites, y los créditos con garantía real (como hipotecas) hasta el valor de la garantía.

¿Qué ocurre con las deudas de Hacienda y la Seguridad Social?

El crédito público cuenta con un régimen de exoneración tasado en el artículo 489.1.5.º del TRLC: se pueden cancelar hasta 10.000 euros de deuda con la Agencia Tributaria y hasta 10.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social (los primeros 5.000 euros de forma íntegra y el 50 % del exceso hasta dichos 10.000 euros en cada organismo). El importe que supere ese umbral no se cancela automáticamente y debe abordarse mediante un plan de pagos.

¿Se pierde la vivienda habitual al acogerse a la Segunda Oportunidad?

No necesariamente. El deudor que cuente con vivienda habitual y capacidad de ingresos regular puede optar por la exoneración mediante un plan de pagos (artículos 495 y siguientes), evitando la liquidación de su patrimonio. Este plan tiene una duración general de tres años (o cinco años si no se realiza la vivienda), permitiendo conservar el inmueble siempre que se mantenga el corriente pago del crédito hipotecario ordinario.

¿Qué requisitos exige la ley para ser considerado «deudor de buena fe»?

El artículo 487 del TRLC establece que no puede obtener la exoneración quien haya sido condenado en los diez años anteriores por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, socioeconómicos, falsedad documental, contra Hacienda, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores; quien haya sido sancionado por infracciones tributarias, sociales o laborales muy graves; quien haya visto calificado su concurso anterior como culpable; o quien se encuentre en situaciones de endeudamiento temerario o doloso.

¿Qué sucede si el deudor carece de bienes y dinero?

Se aplica el régimen del concurso sin masa regulado en el artículo 37 bis del TRLC. Cuando el juez constata que el deudor carece de bienes embargables o que el coste de su realización superaría su valor, declara el concurso y abre un plazo de quince días para que los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo soliciten el nombramiento de un administrador concursal. Si ningún acreedor lo solicita, el concurso se archiva y el deudor puede solicitar directamente la exoneración.

¿Qué responsabilidad asumen los avalistas si se obtiene la exoneración?

La exoneración beneficia de forma exclusiva al deudor concursado. Conforme al artículo 492 del TRLC, los acreedores conservan íntegramente sus derechos de crédito frente a los fiadores, avalistas, coobligados o codeudores solidarios, quienes no pueden invocar el beneficio de exoneración obtenido por el deudor principal.

¿Cuál es la duración estimada del procedimiento?

El plazo varía en función de la carga de trabajo del juzgado mercantil y de la complejidad del expediente (liquidación de bienes frente a plan de pagos). Un concurso sin masa en los partidos judiciales de la provincia de Málaga suele resolverse en un horizonte temporal aproximado de entre cuatro y nueve meses hasta la firmeza del auto de exoneración.

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